La polémica ley que revolucionará el sector turístico a partir de diciembre
El sector turístico se enfrenta a un nuevo reto: adaptarse a la ley expuesta en el Real Decreto 933/2021, que obliga a los alojamientos y los servicios de alquiler de vehículos a motor a registrar y comunicar los datos de los clientes al Ministerio de Interior.
Esta medida, que se impuso con el objetivo de prevenir posibles amenazas terroristas y de ciberseguridad, no ha sido bienvenida por buena parte de los profesionales del sector turístico. Descubre por qué motivo se oponen a ella y cómo afecta a estos negocios.
¿Qué es la ley de registro de viajeros o Real Decreto 933/2021?
La normativa dispuesta en el Real Decreto 933/2021 entró en vigor en enero de 2023. Su periodo de adaptación se extendió hasta junio de ese mismo año. No obstante, el 31 de enero de 2024 se ofreció una prórroga cuyo periodo de adaptación terminaría el día 1 de octubre y que, finalmente, se ha aplazado hasta el 2 de diciembre
A partir de esa fecha, se podrá sancionar a los establecimientos y otros servicios que no cumplan las obligaciones estipuladas. Las multas oscilan entre los 100 y los 600 € en el caso de las infracciones leves y entre los 601 y 30 000 € para las más graves.
Pero ¿en qué consiste exactamente esta norma? Es simple. Los involucrados (los alojamientos y los servicios de alquiler de vehículos a motor) deberán recoger la información de cada uno de sus huéspedes o clientes y trasladarla a las autoridades pertinentes.
Estas obligaciones de carácter documental afectan a todas las personas físicas o jurídicas que ofrezcan sus servicios de hospedaje en nuestro país, incluso si no residen en él.
En el pasado, los datos requeridos para formalizar el check in eran nueve en total, pero ahora la cifra asciende a 17. Todos los huéspedes mayores de 14 años tendrán que firmar el parte de entrada y, si no alcanzan esta edad, lo hará el adulto que los acompañe.
La información recogida deberá enviarse al Ministerio de Interior en las 24 horas posteriores a la finalización de la estancia a través de la plataforma SES.HOSPEDAJES. No obstante, los territorios de Cataluña y País Vasco la reportarán a los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, respectivamente.
El turismo español se opone al registro digital de viajeros
La reciente entrada en vigor de esta ley de registro de viajeros ha sido objeto de debate entre los profesionales del sector, que en términos generales se oponen a ella.
Entre las quejas destaca la mayor carga administrativa que afectará a los trabajadores turísticos. Procesar todos estos datos no será una tarea fácil y muchas personas optarán por la digitalización del proceso de registro, una solución que conllevará un gran coste que no todos pueden afrontar.
Otro de los descontentos generados por la aplicación de esta norma es la gran posibilidad de que los turistas, abrumados por la cantidad de información requerida o recelosos de compartir sus datos personales, se decanten por otros destinos con menos requerimientos.
Además, las agencias y los turoperadores sugieren que la recogida de información podría ser una pérdida de tiempo en aquellos casos en los que se cancela una reserva de alojamiento.