El Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos, o PIAT, fue aprobado ayer por el Consell de Mallorca. El órgano insular sacó adelante la proposición gracias a la unión de Podemos, PSOE y Més. Tal regulación pretende proteger a la isla de un turismo excesivo y hacer que este conviva más armónicamente con la población local. Para ello se ejecutará una limitación efectiva de las camas que oferta el territorio. Se quedarán en 430.000, 120.000 menos que hasta ahora.

Esta caída de plazas se realizará de forma progresiva, aunque en ciertos sectores el efecto será más inmediato. Así, el alquiler vacacional se verá limitado a 115.000 camas repartidas por zonas de forma que se evite la masificación. Algunos puntos calientes de la isla, sin embargo, verán prohibida casi totalmente dicha actividad. Solo podrá llevarse a cabo 60 días al año, la mitad durante un mes del verano. Magaluf, Platja de Palma, Cala Bona, Sa Coma, Cala Millor, S’Illot, Cales de Mallorca, Palmanova, Peguera, Santa Ponça y S’Arenal son los entornos elegidos para ello.



Al tiempo, el turismo rural también recibe duras limitaciones. Los hoteles rurales estaban en el punto de mira del Consell de Mallorca, debido a su enorme proliferación durante los pasados años. Sin embargo, lograron salvarse. Tendrán que ubicarse en edificios antiguos y sus fincas estar dedicadas a labores agrarias. Esto último también sucede con los alquileres vacacionales en el ámbito agreste, pero solo con los que ya estén construidos. Las nuevas casas de campo no podrán en ningún caso dedicarse a acoger turistas.

El debate en torno a esta medida y otras anteriores, como limitar la construcción de piscinas a una por finca en el sector turístico rural, llega en un momento delicado. La oposición del Consell aduce que estas actuaciones no benefician la recuperación del sector tras la crisis del coronavirus. Así, la imagen generada con, entre otros, la prueba piloto de corredores aéreos con Alemania el pasado junio podría irse al traste. La obligación del uso de mascarilla, a imitación de Catalunya, es un ejemplo de que la amenaza todavía sigue. Por su parte, el grupo que defiende la medida señala que el año pasado 16 millones de turistas llegaron a Baleares, una presión excesiva.