Los rebrotes en distintas zonas de España, como los de Lleida, ha llevado a que se comiencen a contemplar endurecimientos en las medidas contra el COVID-19. Catalunya ha sido la primera comunidad autónoma en imponer el uso obligatorio de mascarillas. No importa que exista la distancia de seguridad, fijada en 1,5 metros, representantes de la Generalitat anunciaron este miércoles que se deba llevar la protección de forma continua fuera de casa. Así, de no hacerlo los ciudadanos se enfrentan a multas de tipo económico. 100 euros es la cuantía de la misma. El objetivo es forzar a la población a llevarla mediante el temor a una acción punitiva, dado el relajo que se ha observado durante las primeras semanas de la llamada «nueva normalidad».

Aunque la medida parezca lógica, llega acompañada de ciertas contradicciones. Las excepciones dejan lugar a equívocos en las que deberá ser el «sentido común» el que marque los límites de la legalidad. Por ejemplo, se establece que se debe llevar mascarilla en vía pública en todo momento excepto si se sufren dolencias sanitarias que lo impidan. Sin embargo, los deportistas que lleven a cabo ejercicio al aire libre quedan exentos. Lo que no se aclara es si se ha de estar o no federado. Asimismo, según la decisión de la Generalitat deberían portar la mascarilla en los trayectos intermedios a las zonas donde realicen prácticas deportivas. Aunque sea de su casa al portal.



Mientras tanto, los «espacios cerrados públicos» también conllevaran llevar de continuo la mascarilla excepto cuando sea físicamente imposible. Aquí las dudas llegan sobre todo en el caso de gimnasios, donde choca esta especificación con la de la práctica deportiva. Dentro de la playa, nada queda claro excepto que en el agua será posible quitarse la protección.

A pesar de este tipo de posibles confusiones, actuaciones parecidas ya están poniéndose en marcha en otras comunidades. Baleares ya ha anunciado que hará las mascarillas obligatorias en espacios cerrados públicos y en la calle. Trata de curarse en salud, en vista de lo ocurrido en la península y la presión turística que espera sufrir. Las macrofiestas están siendo un problema continuo en el archipiélago y a su vez son un foco de contagio perfecto. Por ello, se reducirán a 30 las personas que puedan reunirse de forma privada. Sin embargo, la playa se queda fuera de la obligatoriedad.