Tirón de orejas del Defensor del Pueblo a varias administraciones por desproteger 3 monumentos únicos

La publicación del Informe Anual 2019 del Defensor del Pueblo este miércoles 13 de mayo dejó varias alertas de importancia. Entre ellas se encuentran las relativas al patrimonio histórico-artístico. El organismo tuvo que actuar de oficio en un par de ocasiones, mientras que en una tercera tuvo que alertar sobre el estado de uno de los hitos megalíticos más notables de España. De esta forma recuerda que la obligación de proteger este tipo de elementos es «un mandato constitucional». Apuntan que las administraciones se hallan por ello obligadas a «adoptar todas las medidas pertinentes» para asegurar un buen estado en los monumentos españoles.

Uno de los casos es el Dolmen de Guadalperal, al que se conoce como el Stonehenge español. En él se alude a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Además de tener entre 4.000 y 5.000 años de edad, esta tumba prehistórica está la mayor parte del tiempo sumergida en el embalse de Valdecañas. Esto afecta a su estado de conservación, especialmente a raíz de los trasvases que hacen que quede al aire o bajo agua cada cierto tiempo. Se propuso trasladarlo, solución que todavía mantiene discutiendo a los expertos. El Defensor del Pueblo pide un informe sobre por qué moverlo no es adecuado y exige que se protejan los restos.



Por otro lado quedan las actuaciones de oficio. Una de ellas tiene como protagonista la «ermita de Santa María la Antigua, el templo románicomudéjar más antiguo de Madrid«. Se pidió explicaciones sobre su estado al Ayuntamiento de la capital y la consejería encargada de cultura de la comunidad. Fruto de la investigación, que también ponía la pelota en el tejado del Arzobispado capitalino, ya «se están llevando a cabo actuaciones».

Peor final ha tenido el caso del teatro Fleta de Zaragoza. A pesar de haber contactado con el consistorio zaragozano y el Gobierno de Aragón, no se ha tomado ninguna medida para evitar que este edificio protegido por ley. Elevado en los años 50, ha ido sufriendo un progresivo abandono en los últimos años que el Defensor del Pueblo pretendía cortar. Sin embargo, señalan en su Informe Anual 2019 que no se han realizado actuaciones reales. Por ello, llama a que se coordinen los niveles municipales y autónomicos para, «a pesar de las limitaciones presupuestarias», encontrar una solución que evite la ruina de la sala.