Las principales quejas (y los motivos de sanción) a las aerolíneas ‘low cost’
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha hecho eco de las constantes quejas de los consumidores, y ha tomado la decisión de multar a las aerolíneas de bajo coste Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, investigadas desde el verano pasado debido al gran volumen de denuncias presentadas en su contra. Pero ¿cuáles son los motivos y las consecuencias del descontento de los viajeros?
Por qué se ha denunciado a las aerolíneas ‘low cost’
Los afectados se manifiestan en contra de cuatro prácticas abusivas, principalmente, y lo hacen a través de Facua-Consumidores en Acción y otras asociaciones de consumidores.
En primer lugar, se reclama el cobro del equipaje de mano. Lo cierto es que estos bultos y objetos personales pueden acompañar al viajero siempre que no excedan el tamaño o el peso estipulados por motivos de seguridad. Sin embargo, las aerolíneas pedían en ocasiones una cantidad económica a cambio de transportar estas pertenencias en cabina.
Por otra parte, los consumidores manifiestan su descontento con el pago requerido para seleccionar un asiento junto a niños u otras personas dependientes.
La tercera queja también está relacionada con los pagos, pero, en esta ocasión, se refiere a los métodos para realizarlos. El motivo es simple: estas aerolíneas prohíben el pago en metálico de los billetes en los aeropuertos. Además, una de ellas cobra una cantidad de 20 euros para imprimirlos y entregarlos a su titular.
Por último, señalan la «falta de transparencia de información contractual», relacionada con los cambios de los precios en las diferentes fases del proceso de compra. Estas modificaciones hacen que comparar precios y decantarse por una opción resulte más difícil. Como resultado, a veces los viajeros no pueden escoger el billete más económico o adecuado para sus necesidades y gustos.
El rumbo de las aerolíneas de bajo coste
Como consecuencia, las aerolíneas sancionadas pretenden recurrir esta multa, que todavía no es una decisión firme y podría verse modificada. La cifra final podría ascender a 150 millones de euros. Estas entidades preparan sus recursos de alzada con la intención de que esta sanción sea revisada.