Tras los turbios manejos del secretario Antonio Pérez y la princesa de Éboli en relación al asesinato de Juan Escobedo ambos fueron encerrados en julio de 1579 por orden de Felipe II. Al cabo de unas semanas, a falta de una acusación de asesinato formal de Juan Escobedo, Antonio Pérez fue liberado de prisión.
La reapertura del caso de asesinato
A partir de entonces, Pérez se movió con libertad por Madrid, pero las autoridades mandaron seguir sus pasos. Mientras tanto, los amigos de Escobedo continuaron buscando pruebas incriminatorias de la participación de Pérez en el asesinato. Así, seis años después del crimen, los enemigos de Pérez consiguieron reabrir el proceso contra él, aunque solo por las acusaciones de corrupción y tráfico de secretos de Estado. Por ello, Antonio Pérez fue procesado, siendo condenado a dos años y medio de prisión y a una enorme multa.
La persecución judicial de sus enemigos continuó hasta 1590, cuando se presentan nuevas pruebas y es interrogado bajo tortura. Fue entonces cuando confesó su participación en algunos hechos relacionados con el asesinato de Escobedo. Esto incrementó sus posibilidades de reingresar en prisión e incluso de ser condenado a muerte. Por ello, Antonio Pérez huyó a Zaragoza, ciudad donde contaba con muy buenos amigos y donde consideraba que podría recibir el juicio justo que se le negaba en Madrid.
La chispa que inició la insurrección
Una vez en Zaragoza, Pérez alegó que debía de ser juzgado en esa jurisdicción, pues el linaje familiar le convertía en aragonés. Mientras tanto, el virrey que representaba a Felipe II reclamó al Justicia de Aragón (el cargo responsable de la defensa de los fueros y de la aplicación de la justicia) la entrega de Antonio Pérez, comenzando el proceso de análisis de la petición.
Los trámites fueron lentos y el rey terminó por mandar que se renunciara a la jurisdicción local, ordenando que se presentase una denuncia de herejía ante el Tribunal de la Inquisición, que era el único que tenía una jurisdicción para todos los reinos de la Monarquía Hispánica. Posiblemente la denuncia era producto de una manipulación, pero esta resultaba suficiente para que el reo pasara a una jurisdicción más influenciable por el rey.
A resultas del cambio de tribunal, el 24 de mayo de 1591 Pérez fue trasladado desde su prisión hasta la cárcel de la Inquisición en el Palacio de la Alfajería. El sector más fuerista de la sociedad zaragozana, organizado en la Casa de Ganaderos y liderado por Diego de Heredia, entendió que eso era una nueva violación de los fueros de Aragón, por lo que iniciaron una revuelta armada.
En el altercado fue gravemente herido el marqués de Almenara, representante de Felipe II. Este moriría poco después. Los insurrectos se dirigieron al palacio de la Aljafería y consiguiendo devolver a Pérez a la prisión del Justicia de Aragón. Desde allí, el secretario continuó circulando escritos que exacerbaron los ánimos locales, pues la intervención de la Inquisición se interpretó como una treta del rey para burlar los fueros del reino.
El ejército contra Antonio Pérez
El 24 de septiembre de 1591 el virrey, acompañado por varios nobles y una fuerte guardia, se dirigió a la prisión foral para realizar el traslado de Pérez, pero los exaltados liderados por Diego de Heredia entraron en acción, produciéndose unas luchas que se saldaron con unos 30 muertos. Durante las mismas, los revoltosos asaltaron la prisión del Justicia y liberaron a Antonio Pérez, que huyó de la ciudad.
Sin embargo, al llegar a la frontera francesa se encontró con que no le dejaban salir, así que regresó a Zaragoza. Allí consiguió convencer a la persona que acababa de heredar el cargo de Justicia de Aragón, el joven Juan de Lanuza, de que lo que el rey realmente buscaba era eliminar los fueros aragoneses.
El 15 de octubre el rey envió una carta a todas las localidades y nobles de Aragón explicándoles que iba a enviar el ejército para imponer sus órdenes. Con ello consiguió que las autoridades de la ciudad y los amotinados quedaran aislados. Entre tanto, las autoridades forales de Aragón, lideradas por el joven Lanuza y radicadas en Zaragoza, decidieron que la entrada del ejército era un contra fuero.
La Diputación pidió entonces ayuda militar a las localidades, así como al principado de Cataluña y al reino de Valencia, pero muy pocos milicianos de Aragón se presentaron. La Diputación ordenó entonces a los partidarios de Antonio Pérez reunir un improvisado ejército. Significativamente, los líderes se autodenominaron “los caballeros de la libertad”.
Conforme avanzaba el ejército del rey, los nobles y autoridades locales no solo no se les opusieron, sino que muchos se les unieron. Por ello, cuando los 20 000 hombres que habían acudido a Utebo para cumplir el mandato de la Diputación vieron que se les acercaba el ejército del rey, se disolvieron.
Antonio Pérez y los líderes fueristas consiguieron huir a Francia. Felipe II convocó entonces a las Cortes de Aragón en Tarazona, donde se decidió mantener fueros. Sin embargo, el monarca se reservó amplios poderes para controlar los nombramientos de las autoridades, aumentando indirectamente el control sobre la administración de Aragón.
La vuelta de los exiliados
Miranda del Ebro. | ShutterstockLos condes de Aranda y de Ribagorza, que después de haber apoyado la revuelta habían permanecido en Épila pendientes de los acontecimientos, redactaron unos manifiestos exculpatorios, pero fueron detenidos y encerrados en el castillo de Miranda de Ebro, donde murieron al año siguiente en circunstancias desconocidas.
Tras pasar poco más de un mes en Francia, Juan de Lanuza y algunos de los “caballeros de la libertad” que se habían exiliado con él, regresaron voluntariamente. No habían llegado a combatir contra las tropas de la corona, por lo que consideraron suficiente redactar y divulgar un manifiesto exculpatorio y de adhesión al rey. Con ello, creyeron que conseguirían ser perdonados.
Un castigo ejemplarizante
La Junta de notables nombrada por el rey para administrar Aragón no opinaba lo mismo. Como temían que el juicio podría dar lugar a nuevos disturbios y pensaban que resultaba imprescindible realizar un castigo ejemplarizante, recomendaron al rey ejecutar sin proceso judicial previo a Juan de Lanuza y demás responsables que habían regresado. Felipe II decidió seguir su consejo.
El 20 de diciembre de 1591, Lanuza y sus compañeros fueron llevados al cadalso de la plaza del Mercado de Zaragoza. Al escuchar la proclama del pregonero en el que se les tildaba de traidores al rey, Lanuza exclamó: “Traidor no, mal aconsejado sí”.
Solo uno de los principales caudillos fueristas permaneció en el exilio. Con ayuda francesa, el líder fuerista Diego de Heredia comandó la invasión de un grupo de “los caballeros de la libertad” exiliados, pero todos ellos resultaron capturados y ejecutados.
Mientras tanto, el antiguo secretario Antonio Pérez, conocedor de tantos secretos, fue acogido por la Corte francesa, trasladándose con posterioridad a la de Inglaterra. Durante esa estancia en el extranjero, Pérez se ganó la vida publicando unos textos que resultaron fundamentales para formar la “Leyenda Negra” sobre España. También procuró información a los ingleses para que organizasen el ataque a Cádiz de 1596. Sus servicios no fueron recompensados lo suficiente. Solo y sin dinero, el ex secretario Antonio Pérez murió en París en 1611.
Texto de Ignacio Suárez-Zuloaga e ilustración de Ximena Maier.
